México frente a la región: qué revela el trabajo infantil en 2025

México llega al cierre de 2025 con 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años en situación de trabajo infantil, una cifra equivalente a 12.6% de ese grupo de edad. El resultado de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) permite una comparación útil con América Latina y el Caribe, aunque no autoriza a ordenar países como si todos midieran exactamente lo mismo.

La primera referencia es nacional: en 2015 se habían contabilizado 3.6 millones de personas en esta condición. Es decir, en diez años el descenso absoluto fue de alrededor de 100 mil casos. Entre 2022 y 2025 sí hubo una reducción más visible, de 3.7 a 3.5 millones, pero la proporción pasó de 13.1% a 12.6%, según los datos difundidos por el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y el INEGI.

El dato mexicano está por encima del promedio regional

Las estimaciones globales de la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF para 2024 ubicaron en 5.4% la proporción de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años en trabajo infantil en América Latina y el Caribe. El promedio mundial fue de 7.8%, con cerca de 138 millones de personas en esa situación.

Frente a esos referentes, el 12.6% de México es más del doble del promedio regional y se encuentra por encima de la tasa mundial. La comparación funciona como una señal de escala: el país no enfrenta un problema marginal dentro de la región, sino una incidencia que merece ser revisada junto con las condiciones de ingreso, la asistencia escolar, la informalidad y las diferencias entre actividades económicas.

Sin embargo, el contraste tiene un límite importante. La ENTI mexicana identifica dos grandes componentes: actividades económicas no permitidas y quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. En cambio, la definición utilizada por la estimación internacional de la OIT y UNICEF no considera de la misma forma las tareas domésticas que niñas y niños realizan en su propio hogar. Por ello, las cifras pueden colocarse una junto a otra para orientar preguntas, pero no deben interpretarse como una clasificación exacta de países.

La diferencia metodológica no reduce la gravedad del dato mexicano. Al contrario, muestra que el trabajo infantil puede permanecer parcialmente oculto cuando solo se observa el empleo remunerado o la presencia en establecimientos. Una niña que dedica jornadas extensas a cuidar a otras personas, limpiar, cocinar o realizar tareas que afectan su descanso y su escuela no aparece necesariamente en la misma categoría que un adolescente ocupado en un comercio o en el campo, aunque ambos enfrenten restricciones para ejercer plenamente sus derechos.

Una década de cambios demasiado pequeños

La evolución mexicana también debe leerse con cautela. Pasar de 3.6 millones en 2015 a 3.5 millones en 2025 no representa un desplome del fenómeno; describe una permanencia prolongada. Además, el crecimiento de la población de referencia puede modificar la tasa aunque el número absoluto se mueva poco. Por eso la agenda no debería reducirse a celebrar una disminución nominal.

La ENTI 2025 reportó 1.8 millones de personas en ocupaciones no permitidas. Dentro de esa medición aparecen alrededor de un millón en ocupaciones peligrosas y 800 mil que trabajaban por debajo de la edad mínima permitida, de acuerdo con la información publicada por La Jornada. Estas categorías pueden superponerse; no deben sumarse mecánicamente para obtener el total nacional.

El otro componente relevante son los quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas: 1.9 millones en 2025, el mismo nivel reportado tres años antes. Esta estabilidad ayuda a entender por qué una reducción en ciertas formas de ocupación no necesariamente se traduce en una salida general del trabajo infantil. El problema puede desplazarse entre actividades, horarios y espacios, o persistir dentro de los hogares bajo formas que no siempre son visibles para la inspección laboral.

La comparación regional no explica por sí sola las causas

Los datos de la ENTI apuntan a un fenómeno vinculado con la economía familiar, pero no permiten atribuir cada caso a una sola razón. Entre quienes realizaban una ocupación no permitida, 30.6% señaló que lo hacía por gusto o para ayudar; 22.4% lo relacionó con el pago de la escuela o sus propios gastos; 15.2% mencionó deudas, no estudiar u otras razones, y 9.8% dijo que el hogar necesitaba contar con su trabajo.

El contexto de los hogares refuerza la lectura económica. El 83.3% de los hogares con población en trabajo infantil reportó al menos un problema grave o muy grave durante los tres años previos. El alza de precios de los alimentos fue el problema más mencionado, con 48.4%, seguido por la pérdida de ingresos provenientes de un empleo remunerado, con 13.9%, según los resultados difundidos por el INEGI.

El dato internacional sugiere que el descenso es posible: entre 2020 y 2024, la OIT y UNICEF registraron una reducción mundial de 22.4 millones de niñas y niños en trabajo infantil. Pero esa tendencia no significa que una estrategia aplicada en otro contexto pueda trasladarse sin ajustes a México. Las estructuras productivas, la protección social, los sistemas escolares y la presencia de actividades familiares no remuneradas cambian de un país a otro.

Qué debería medirse después de la ENTI

El valor de la encuesta no termina en la cifra de 3.5 millones. El siguiente paso consiste en convertirla en una agenda verificable para autoridades educativas, laborales y de protección de derechos. Para ello, convendría dar seguimiento a cuatro preguntas.

¿Qué ocurre con la asistencia y la permanencia escolar? La tasa de ocupación no permitida fue de 49.1% entre quienes no asistían a la escuela, frente a 4.6% entre quienes sí asistían. La relación no prueba por sí sola una causalidad, pero sí identifica un punto crítico para la intervención.
¿Qué actividades concentran los riesgos? El sector agropecuario representó 27.7% de la ocupación no permitida; los servicios, 27.3%, y el comercio, 24.5%. Cada sector requiere medidas distintas: no es igual prevenir riesgos en labores agrícolas que detectar jornadas excesivas en comercios o tareas domésticas.
¿Quiénes quedan menos visibles? La edición 2025 incorporó información sobre hablantes de lengua indígena, población afrodescendiente y personas con discapacidad. Estos cruces deben utilizarse para identificar desigualdades específicas y no quedar como datos complementarios sin seguimiento.
¿Qué cambia entre una medición y otra? La reducción debe observarse por entidad, edad, sexo, actividad, condición escolar y tipo de trabajo. Un descenso nacional puede ocultar retrocesos en comunidades o grupos concretos.

La comparación con América Latina y el mundo coloca a México ante un doble desafío. Por un lado, debe acelerar una reducción que en una década fue limitada. Por otro, necesita mejorar la lectura del fenómeno para no confundir empleo remunerado con trabajo infantil ni asumir que salir de una ocupación significa dejar de realizar tareas riesgosas.

La próxima evaluación no debería preguntar únicamente si el total bajó. También tendrá que mostrar si menos niñas, niños y adolescentes abandonan la escuela, si disminuyen las ocupaciones peligrosas y si los hogares enfrentan menos presión económica para incorporar a sus integrantes menores. Sin esos avances, la diferencia entre 3.6 millones y 3.5 millones seguirá siendo una variación estadística más que un cambio profundo en la vida cotidiana.