México mira a EU y Europa para revisar capital extranjero estratégico

La Cámara de Diputados se dispone a discutir durante la última semana de octubre de 2026 una minuta que amplía el escrutinio de inversiones extranjeras vinculadas con sectores estratégicos. El Senado aprobó el proyecto el 30 de septiembre, pero la reforma todavía no forma parte de la legislación vigente: San Lázaro puede aprobarla, modificarla o devolverla a la cámara de origen.

El texto plantea que determinadas operaciones en las que el capital extranjero supere 49% de una sociedad mexicana y rebase el monto que determine la autoridad queden sujetas a un procedimiento especial de revisión. También propone incorporar con voz y voto a las secretarías de Marina, Defensa Nacional y Seguridad y Protección Ciudadana, además de la Agencia de Transformación Digital, en la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE). El contraste con Estados Unidos y la Unión Europea ayuda a entender que el debate no es simplemente entre abrir o cerrar la economía: la diferencia está en quién revisa, qué operaciones entran y bajo qué criterios puede intervenir el Estado.

La minuta mexicana: un filtro concentrado en control y sectores sensibles

El expediente legislativo seguido por el Sistema de Información Legislativa describe un nuevo título dedicado a la seguridad nacional en las inversiones extranjeras. El supuesto central combina tres elementos: participación foránea superior a 49% del capital social, un valor de activos o de operación por encima del umbral que fije la CNIE y la relación con actividades consideradas sensibles.

El catálogo mencionado en la información parlamentaria y en la comunicación oficial del Senado incluye infraestructura estratégica, energía, transporte, comunicaciones, minería, tecnologías críticas o de doble uso, robótica, inteligencia artificial, ciberseguridad, actividades aeroespaciales y nucleares, almacenamiento de datos, insumos fundamentales, seguridad alimentaria y acceso a información sensible. La amplitud de estas categorías será decisiva: no es lo mismo revisar una red de telecomunicaciones o una instalación energética que una empresa manufacturera que utiliza tecnología importada sin controlar infraestructura crítica.

La propuesta también modifica la composición de la CNIE. El Senado informó que los titulares de Marina, Defensa, Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Transformación Digital tendrían participación con voz y voto. Esa integración convierte a la Comisión en un espacio más directamente conectado con la seguridad económica y tecnológica, pero también plantea una pregunta institucional: si la revisión debe concentrarse en riesgos concretos de seguridad nacional, ¿cómo se evitará que cualquier operación en una industria amplia sea tratada como un asunto extraordinario?

La iniciativa original era todavía más extensa en su arquitectura. El seguimiento legislativo del SIL señalaba la participación permanente, con voz pero sin voto, de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera cuando se analizaran asuntos de seguridad nacional, así como informes semestrales al Congreso. La discusión en Diputados tendrá que confirmar qué elementos permanecen en la minuta enviada por el Senado y cuáles fueron modificados durante el trámite.

El espejo de Estados Unidos: menos dependencia de un porcentaje fijo

El referente más cercano para la comparación es el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos, conocido como CFIUS. Su marco no funciona a partir de un único umbral general como el 49%. El comité puede revisar operaciones que puedan otorgar control extranjero sobre cualquier empresa estadounidense y, después de las reformas de FIRRMA, también ciertas inversiones sin control cuando conceden acceso a información técnica no pública, derechos en consejos de administración o participación en decisiones sobre tecnologías críticas, infraestructura crítica o datos personales sensibles.

La similitud con la propuesta mexicana está en el reconocimiento de que una inversión puede generar riesgos aunque no compre formalmente la totalidad de una compañía. Ambos modelos vinculan la revisión con tecnología, infraestructura, datos y capacidades estratégicas, y ambos permiten que la seguridad nacional entre en operaciones que antes podían analizarse sólo desde la competencia económica o el derecho corporativo.

La diferencia es importante. El diseño mexicano aprobado por el Senado se apoya en una regla visible —más de 49%— y en un umbral económico que aún debe definir la autoridad. El modelo estadounidense observa el efecto de la operación: control, acceso, derechos de gobierno corporativo o capacidad de influir en áreas sensibles. Por eso, una participación minoritaria en Estados Unidos puede ser revisable si otorga derechos relevantes, mientras que una participación cercana a la mitad en México podría quedar fuera si no se cumplen los demás requisitos del procedimiento.

Otra diferencia es la práctica administrativa. CFIUS dispone de un sistema consolidado de declaraciones obligatorias en ciertos casos, notificaciones voluntarias, revisión de operaciones no notificadas y medidas para mitigar riesgos. La minuta mexicana tendría que traducir sus categorías generales en reglas operativas, formatos, tiempos y criterios de resolución. Sin esa capa reglamentaria, la comparación con Washington sirve como referencia, pero no como evidencia de que ambos sistemas tendrían la misma capacidad de respuesta.

Europa ofrece otro contraste: coordinación, no una sola autoridad de veto

La Unión Europea representa un modelo distinto. El Reglamento 2019/452 creó un mecanismo de cooperación para que los Estados miembros y la Comisión intercambien información y expresen preocupaciones sobre inversiones extranjeras que puedan afectar la seguridad o el orden público. La decisión final sobre autorizar o impedir una operación corresponde, en términos generales, al Estado miembro que la revisa conforme a su propia legislación.

La experiencia europea muestra dos límites de la comparación. Primero, no existe una CNIE europea con facultad general para resolver todas las operaciones. Segundo, la revisión se inserta en un mercado integrado, donde los gobiernos comparten información y consideran efectos que pueden cruzar fronteras. México, en cambio, está planteando una comisión nacional con dependencias económicas, de seguridad y transformación digital sentadas en la misma mesa.

La coincidencia está en el intento de proteger sectores estratégicos sin declarar que toda inversión extranjera sea sospechosa. La Comisión Europea ha defendido que el escrutinio debe ser una excepción focalizada por motivos de seguridad u orden público, no una sustitución de la apertura a la inversión. Esa distinción es útil para el debate mexicano: el objetivo no debería medirse por el número de operaciones rechazadas, sino por la capacidad de identificar riesgos reales sin convertir la incertidumbre en una barrera general.

Qué tendría que aclarar Diputados antes de convertir el filtro en regla

La discusión legislativa puede concentrarse en cuatro puntos. El primero es el alcance de las actividades sensibles. Términos como infraestructura estratégica, tecnologías críticas o información sensible necesitan definiciones verificables para que las empresas sepan si una operación cae dentro del procedimiento antes de negociar su cierre.

El segundo es el umbral económico. La minuta deja a la Comisión determinar el monto a partir del cual se activa la revisión. Esa decisión puede hacer que el mecanismo alcance desde grandes adquisiciones hasta operaciones medianas, dependiendo de cómo se mida el valor de los activos, el capital social o la transacción.

El tercero son los tiempos y efectos del trámite. La Cámara debe precisar cómo se relacionará la resolución de la CNIE con las autorizaciones de competencia económica, telecomunicaciones, energía, protección de datos o sectores regulados. Una revisión de seguridad nacional no debería duplicar automáticamente todos los procedimientos, pero tampoco puede operar sin coordinación con ellos.

El cuarto corresponde a los contrapesos. La participación de autoridades de seguridad puede aportar información especializada, pero la decisión debe quedar sujeta a motivación, criterios públicos, confidencialidad acotada y mecanismos de impugnación. La preocupación expresada por legisladores de oposición y por organizaciones empresariales no se limita a la presencia militar: también apunta al riesgo de que categorías amplias permitan resoluciones difíciles de anticipar.

La iniciativa ha recibido una respuesta matizada del sector privado. Representantes de empresas exportadoras han considerado razonable que México revise inversiones por motivos de seguridad, aunque han pedido que el nuevo filtro no retrase proyectos productivos. Coparmex, por su parte, advirtió que una redacción ambigua y mayores márgenes de discrecionalidad podrían afectar la certeza jurídica. Estas posiciones no equivalen a un rechazo uniforme: muestran que la discusión empresarial se concentra en reglas claras, plazos y previsibilidad.

La comparación internacional sugiere una conclusión concreta. México no está inventando la revisión de capital extranjero por seguridad nacional, pero sí debe decidir qué modelo quiere adoptar. Si privilegia el porcentaje de participación, tendrá que impedir que el umbral se convierta en una regla fácil de eludir mediante estructuras indirectas o derechos especiales. Si pretende revisar riesgos más amplios, necesitará criterios parecidos a los que usan otros países para identificar control, acceso a datos, tecnología y capacidad de decisión.

La siguiente prueba será institucional

El voto de Diputados definirá el texto, pero no resolverá por sí solo la aplicación. Después vendrán los umbrales, lineamientos y prácticas administrativas que determinarán si la reforma funciona como una revisión selectiva o como un trámite adicional para una lista extensa de inversiones.

En Estados Unidos, la experiencia muestra que un filtro de seguridad puede coexistir con una política abierta, aunque exige personal especializado, coordinación interinstitucional y capacidad para distinguir riesgos reales de operaciones ordinarias. En Europa, el aprendizaje principal es que compartir información y justificar las intervenciones es tan importante como tener la facultad legal de revisar.

Para México, el indicador decisivo no será sólo cuántas operaciones se autoricen o rechacen. También habrá que observar cuánto tarda la CNIE en resolver, cuántos casos se someten a medidas de mitigación, qué sectores quedan incluidos y si las empresas pueden anticipar el resultado con información pública. La reforma llegará a San Lázaro con una finalidad legítima —proteger activos y capacidades estratégicas—, pero su credibilidad dependerá de que la seguridad nacional no se convierta en una fórmula abierta para decidir sin reglas suficientemente precisas.