CDMX invierte más, pero el ingreso avanza a dos velocidades

La Ciudad de México enfrenta en 2026 una doble lectura económica. Por un lado, su Presupuesto de Egresos contempla 57 mil 910.8 millones de pesos para gasto de capital, un aumento de 31.2% frente a lo aprobado para 2025. Por otro, los indicadores laborales disponibles muestran una mejora importante del poder adquisitivo promedio, pero también una recuperación incompleta: la participación económica de las mujeres es menor que la de los hombres y casi 45% de la población ocupada permanece en alguna modalidad de informalidad.

La cifra presupuestaria fue presentada por el Gobierno capitalino como una apuesta para infraestructura, movilidad, agua y seguridad. Sin embargo, el dato no debe confundirse con obra terminada ni con dinero que ya llegó a los hogares. El avance financiero registrado al cierre de junio ayuda a medir esa distancia, mientras que la comparación con el promedio nacional permite saber qué tan excepcional es realmente la situación de la capital. La documentación presupuestaria oficial puede consultarse aquí.

Una bolsa histórica, con una precisión necesaria

El monto de 57 mil 910.8 millones corresponde al gasto de capital aprobado para 2026 en el presupuesto de la ciudad. La Secretaría de Administración y Finanzas reportó que representa un incremento de 31.2% respecto a 2025 y de 55% frente a lo aprobado en 2024. En la presentación del paquete económico, la administración local vinculó el aumento con el Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad, alimentado parcialmente por el incremento del Impuesto sobre Nóminas.

La composición anunciada explica por qué el impacto cotidiano dependerá de varios sectores al mismo tiempo. La Secretaría de Obras y Servicios tiene un presupuesto de 18 mil 600 millones de pesos; el Sistema de Transporte Colectivo y los proyectos de movilidad concentran una parte relevante de los recursos; y la gestión del agua aparece como otro eje de inversión. Son áreas con efectos potenciales sobre tiempos de traslado, interrupciones del servicio, mantenimiento urbano y costo de operación para las familias.

Pero comparar una cifra global con el ingreso familiar exige distinguir entre tres momentos: lo aprobado por el Congreso local, lo modificado durante el ejercicio y lo efectivamente devengado o pagado. Si esas categorías se mezclan, el tamaño de la inversión puede parecer mayor o más avanzada de lo que realmente está disponible como obra o servicio.

Al cierre de junio, el presupuesto ya se movía, aunque no al mismo ritmo

El estado analítico del ejercicio del presupuesto del Poder Ejecutivo capitalino muestra que, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, el gasto de capital aprobado para ese ámbito era de 54 mil 30.8 millones de pesos y el modificado ascendía a 54 mil 241.2 millones. De esa última cifra se habían devengado 19 mil 194.4 millones y pagado el mismo monto. Eso equivale a aproximadamente 35.4% del presupuesto modificado del Poder Ejecutivo, una proporción distinta a la que se obtiene cuando se suman compromisos de gasto.

La diferencia no es un detalle contable. Un recurso comprometido representa una obligación formal de pago, pero todavía no prueba que una obra esté concluida, que una estación opere con normalidad o que una red hidráulica haya reducido las fallas. Para evaluar el efecto sobre el poder adquisitivo se necesita seguir el siguiente eslabón: contratos terminados, infraestructura operando y costos urbanos que efectivamente bajen.

La información administrativa también muestra una concentración institucional. En el reporte de junio, la Secretaría de Obras y Servicios tenía un presupuesto modificado de 18 mil 610 millones de pesos y había devengado poco más de 6 mil 117 millones. La Secretaría de Seguridad Ciudadana registraba más de 12 mil millones devengados, aunque no todo ese gasto debe interpretarse como inversión física. Esta separación es importante porque el gasto de capital puede incluir bienes, infraestructura y transferencias, mientras que la operación diaria de los servicios pertenece a otra clasificación.

La comparación nacional favorece a la capital, pero no elimina sus brechas

En el primer trimestre de 2026, la pobreza laboral de la Ciudad de México fue de 21.5%, frente a 30.7% a nivel nacional. El indicador estima la proporción de personas cuyo ingreso laboral no alcanza para adquirir la canasta alimentaria; no es una medición completa de pobreza porque no incorpora todas las fuentes de ingreso ni todas las carencias sociales. Aun así, permite observar el poder de compra asociado al trabajo.

El ingreso laboral real per cápita también fue mayor en la capital: 5 mil 465.12 pesos mensuales en términos comparables de 2020, frente a 3 mil 653 pesos para el conjunto del país. La diferencia sugiere que la estructura económica de la metrópoli ofrece, en promedio, mejores ingresos que otras regiones. Sin embargo, no significa que la inversión pública haya producido por sí sola ese resultado. El ingreso depende también de la composición sectorial, la escolaridad, la concentración de empleos especializados, la inflación y la trayectoria previa del mercado laboral.

La ENOE del primer trimestre aporta el límite de la comparación. La participación económica fue de 54.7% entre las mujeres y de 72.4% entre los hombres. Además, la tasa de informalidad laboral fue de 44.2%: 44.6% para mujeres y 43.9% para hombres. La desocupación femenina llegó a 4.6%, frente a 3.4% entre los hombres. Es decir, la capital puede mostrar mejores promedios que el país y, al mismo tiempo, mantener una distribución desigual de las oportunidades laborales.

Este contraste también impide usar la recuperación del ingreso real como sinónimo de bienestar homogéneo. Una persona con empleo formal, transporte cercano y vivienda estable puede beneficiarse de una mejora salarial de manera distinta a otra que trabaja por cuenta propia, carece de seguridad social y destina una proporción elevada de sus ingresos a renta y traslados.

El verdadero examen será territorial

La inversión pública tendrá mayor capacidad de mejorar el poder adquisitivo cuando reduzca gastos que los hogares no pueden evitar. Una conexión de transporte más rápida puede liberar horas y dinero; una infraestructura hidráulica confiable puede disminuir compras de agua o pérdidas de actividad; una política de vivienda bien localizada puede contener el costo de desplazarse hacia empleos formales. Sin esa conexión territorial, el presupuesto corre el riesgo de concentrar sus beneficios en zonas con mayor capacidad de aprovechar la infraestructura.

El reporte del primer trimestre mostró que las alcaldías, en conjunto, concentraron 15.7% del gasto de capital ejercido y comprometido, mientras que Obras y Servicios representó 32% y el Sistema de Transporte Colectivo 29.3%. La distribución no permite concluir por sí misma que una alcaldía haya recibido más bienestar que otra: todavía deben revisarse los proyectos, su localización, la población atendida y la fecha de entrada en operación.

La comparación con el promedio nacional también tiene límites. La CDMX es una entidad urbana, densamente poblada y con una economía de servicios distinta a la de estados industriales, rurales o turísticos. Por eso, un menor nivel de pobreza laboral no puede trasladarse automáticamente a otras regiones ni usarse como prueba suficiente de que cada familia capitalina está mejor. La comparación sirve para dimensionar la ventaja relativa, no para atribuir una causa única.

Qué habrá que revisar en los próximos meses

El balance de 2026 dependerá de indicadores más concretos que el monto anunciado. Conviene observar cuánto del gasto modificado termina devengado y pagado, cuántos proyectos concluyen, qué alcaldías reciben infraestructura funcional y si mejoran los tiempos de traslado, la continuidad del agua y el acceso a vivienda cercana al empleo.

En el frente laboral, las señales decisivas serán la evolución de la pobreza laboral, el ingreso real por persona, la participación femenina, la informalidad y la creación de empleos con seguridad social. Si la inversión aumenta, pero esos indicadores se estancan para mujeres y trabajadores informales, la ciudad tendrá una expansión presupuestaria sin una mejora proporcional del bienestar.

La CDMX parte de una posición favorable frente al promedio nacional, pero el reto no consiste sólo en conservar esa ventaja. Consiste en convertir una bolsa pública excepcional en servicios urbanos que reduzcan costos y en oportunidades laborales que alcancen a quienes hoy permanecen fuera de la recuperación. El resultado se podrá evaluar cuando el presupuesto deje de medirse por su tamaño y empiece a reflejarse en tiempo, ingreso disponible y estabilidad para más hogares.